La Plataforma 2015 y más (formada por 11 ONGs entre las que se encuentran Alianza por la Solidaridad, Paz con Dignidad o Economistas sin Fronteras) acaba de publicar el informe “El Modelo Energético Español. Un análisis desde la Coherencia de Políticas para el Desarrollo.” Para la elaboración del informe los autores entrevistaron a un montón de actores (sociales, expertos y gubernamentales) entre los que se encuentra el Observatorio Crítico de la Energía.

Recomendamos la lectura de este interesante y completo resumen de la política energética española que se puede descargar aquí. Como muestra citamos literalmente algunos párrafos:

La regulación energética española parece caracterizarse por los siguientes elementos: 1) el predominio de los intereses de un oligopolio de grandes empresas; 2) opacidad en la asignación de costes y rentas del modelo energético; 3) visión cortoplacista estrechamente vinculada a intereses partidarios; 4) una mirada ideologizada no sistémica, que conlleva a su vez dosis significativas de improvisación, inseguridad jurídica y errores de planteamiento. Todo ello ha derivado en un modelo energético que no responde a una estrategia de abastecimiento de la demanda centrada en el interés general de la ciudadanía y la sostenibilidad social, ambiental y económica global. Aunque hay matices en la intensidad en que esto se ha producido durante los gobiernos alternativos del Partido Socialista y el Partido Popular, la crisis y la cooptación del Estado han conducido en la actualidad a una expresión extrema de lo antes señalado.

Como consecuencia, el sector de la energía en España parece haberse convertido en un ámbito de especulación y enriquecimiento para un reducido grupo de grandes empresas que concentran la generación, distribución y comercialización y negocian los contratos de provisión de combustibles convencionales con aquellos países que les ofrecen mayor rentabilidad sin la utilización sistemática de salvaguardas sociales ni ambientales. Así, se utilizan de forma alterna y arbitraria medidas pro-mercado con medidas de ayuda a grandes empresas, dejando en un lugar secundario a la ciudadanía española, en la que empieza a producirse el fenómeno de la pobreza energética, y se ignora por completo a terceros si se encuentran fuera de las fronteras. Por lo cual, si la regulación ha sido secuestrada por los intereses de una “élite extractiva” público-privada, los impactos que el sistema energético español pueda ocasionar en países terceros o sobre futuras generaciones son obviados, y las únicas medidas tanto públicas como privadas para contrarrestarlos pasan por: declaraciones gubernamentales sin cumplimiento en los foros internacionales sobre el potencial de las renovables, mientras se desmantela el sector renovable español a golpe de normativas; dispositivos mercadotécnicos ejecutados por los departamentos de comunicación de las grandes transnacionales energéticas españolas; acciones aisladas de cooperación al desarrollo (algunas polémicas como el caso de la financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) a iniciativas de Repsol en el Ecuador); o por la falta de interés, delegacionismo, e incluso la negación de la existencia de los impactos.

(…)

Un dato a considerar es la inexistencia de diagnósticos oficiales sobre los impactos socioambientales del modelo energético español en terceros países como los que sí existen en otros Estados, como es el caso de Reino Unido. En este sentido cabe destacar no solo la necesidad de desarrollar dicho diagnóstico, sino la de mejorar la receptividad y el argumentario esgrimido por los diferentes agentes clave, cuando se les interpela en relación a los impactos socioambientales del modelo energético español.

La conclusión central es que no existe atisbo alguno de coherencia entre el modelo energético español y el desarrollo del buen vivir en los países empobrecidos. En ninguna de sus dimensiones analizadas, salvo las derivadas de la presión de algunos movimientos sociales emergentes. Los ingresos por exportación de petróleo, gas, carbón, uranio y agrocombustibles suelen ingresar en las arcas de élites corruptas en los países de los que importa la economía española, y por lo tanto ser utilizados para fines distintos al buen vivir de sus poblaciones, incluso opuestos. Los valores, los instrumentos y las capacidades presentes en el Gobierno español en materia de CPD aplicada a gobernanza energética brillan por su total ausencia.