Daniel Carralero

Hace unas semanas asesinaron a Berta Zúñiga Cáceres. La  noche del 3 de Marzo, dos pistoleros entraron en su casa en La Esperanza (Honduras) y la mataron a sangre fría. Berta era la coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y llevaba a sus espaldas una década de lucha contra la represa de Agua Zarca, proyectada en el río Gualarque y que amenazaba las tierras de cultivo tradicional de los lenca (principal etnia aborigen del país, a la que ella pertenecía), violando los tratados internacionales que defienden los derechos de los pueblos indígenas. Esta represa, promovida por la mayor empresa de construcción de embalses del mundo –Sinohydro, propiedad del Gobierno chino- tenía como objetivo proporcionar energía barata para el desarrollo de las decenas de proyectos de minería que el Gobierno de Honduras ha aprobado desde el golpe de Estado de 2009 (y que también suponen con frecuencia la expropiación y la contaminación de tierras pertenecientes a comunidades de campesinos pobres). A través de su lucha, Berta y sus compañeros consiguieron detener el proyecto, forzando al Banco Mundial y Sinohydro a retirar la financiación. Por ello, Berta recibió el premio Goldman, conocido informalmente como “el Nobel del medio ambiente”.

La muerte de Berta no fue ningún accidente: aunque eso nunca la detuvo, la activista y su familia llevaban años recibiendo amenazas y las fuerzas de seguridad hondureñas, lejos de protegerla, parecen estar ahora obstaculizando la investigación. Desgraciadamente -y quizá eso sea lo más perturbador que este crimen ha sacado a la superficie-, tampoco es un caso aislado: apenas unos días después Nelson García, otro de los dirigentes de COPINH, fue asesinado de manera similar. Pero en 2014 mataron y torturaron a William Jacobo y Maycol Rodríguez, también miembros del COPINH. Y en 2013 al líder comunitario Tomás García. Y la lista sigue interminablemente: en un país donde hay decenas de concesiones de proyectos hidroeléctricos y mineros en tierras de las que depende la subsistencia de comunidades enteras, el asesinato de activistas se ha convertido en algo común. En su informe reciente “¿Cuántos más?” la organización Global Witness denunciaba que Honduras es el país más peligroso del mundo para los defensores del medio ambiente: más de 3000 activistas ambientales ha sufrido condenas indebidas y al menos 109 fueron asesinados en este país desde 2010, aunque dado el frecuente encubrimiento de estos crímenes es muy probable que el número real sea mayor.

Quizá la primera reflexión que surge ante estos datos es acerca de la virulencia de esta violencia, casi inusitada: por poner la situación en perspectiva, ETA cometió 107 asesinatos desde 1994 hasta el fin de su actividad en 2011. Si tenemos en cuenta que el terrorismo etarra llegó a ser percibido por los españoles como el principal problema del país en aquellos años, ¿cómo se estará viviendo esta ola de violencia en Honduras, un país cinco veces más pequeño? Ciertamente, esta cifra puede parecer menor en un país que registra quince asesinatos diarios (en España, actualmente, hay menos de un asesinato al día en promedio), pero ¿podemos imaginarnos lo significaría vivir una violencia de esas proporciones en la que además el Estado, en lugar de proteger a las víctimas, se dedicase a perseguir a sus defensores, a encubrir a los asesinos y a hacer negocios con las multinacionales que les pagan? Y claro, surge la duda: ¿Tiene sentido hacer esta comparación? Vista desde Europa, esta historia evoca imágenes exóticas y lejanas de “indígenas” que habitan en selvas, de gentes que viven en comunión con la Naturaleza y escuchan la voz del río, en medio de un país pobre y corrupto, dominado por poderosas empresas multinacionales extranjeras y en el que no cabe tener grandes esperanzas en el sistema judicial. Sin necesidad de muchos prejuicios postcoloniales, es extremadamente fácil aislarse intelectual y hasta emocionalmente del relato: por más indignantes que nos puedan parecer los hechos, han tenido lugar en otro mundo, sometido a otra lógica. Eso no podría pasar aquí, no tiene nada que ver con nuestros problemas.

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