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Bolivia nacionaliza cuatro filiales de Iberdrola. ¿Hemos sido agraviados?

December 31st, 2012 | Posted by icalvo in general

Por Iván Calvo. Observatorio Crítico de la Energía

Anteayer 29 de diciembre el presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció la expropiación de las acciones de Iberdrola en cuatro empresas eléctricas que operan en Bolivia: las dos principales distribuidoras de las regiones de La Paz y Oruro, Electropaz y Elfeo, respectivamente; una empresa de servicios, Edeser; y la Compañía Administradora de Empresas, una gestora de inversiones. Tan solo unas horas más tarde el gobierno de España lamentó la decisión del gobierno boliviano, defendió públicamente los intereses de Iberdrola y solicitó una indemnización justa para la misma. No debería ser necesario, por obvio, decir que la mera nacionalización de estas empresas no garantiza que el servicio mejore, como tampoco ofrece una garantía automática de calidad su propiedad privada. En esta entrada queremos poner la decisión de Evo Morales en contexto, recordar sus argumentos y, a la luz de los mismos, dar nuestra opinión acerca de la legitimidad de la nacionalización.

Como ya explicó Marta Victoria en este blog hace algunos meses, la privatización del sistema eléctrico boliviano se produjo en la década de los 90 del pasado siglo durante el gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada. En este proceso las infraestructuras y gestión del sistema pasaron a manos de empresas extranjeras y, particularmente, españolas. El gobierno de Evo Morales se encontró con un país en que el 20% de la población no tenía suministro eléctrico y donde las cifras de inversión de las empresas eléctricas habían sido, en el mejor de los casos, muy modestas tras su privatización. Si nos restringimos a las zonas rurales de Bolivia el porcentaje de la población sin acceso a la electricidad aumentaba hasta el 50% y los que la tenían pagaban tarifas mucho más caras que en las zonas urbanas. Entre otros motivos, la búsqueda de la equidad entre las zonas rurales y urbanas y del acceso a la electricidad por parte de todos los bolivianos a un precio justo llevaron al actual gobierno a nacionalizar aproximadamente el 80% de la generación eléctrica en 2010, el transporte en mayo de 2012 y, con la medida de anteayer, la distribución en las regiones de La Paz y Oruro.

Centrémonos ya en el punto principal de la última medida: la expropiación de las acciones de Iberdrola en las empresas de distribución arriba citadas. A modo de ilustración, y para explicar las razones específicas que han conducido a la nacionalización, Morales citó el caso de La Paz, donde la tarifa eléctrica rural es 2.5 veces superior a la urbana. Ante datos como este, ¿es legítima la decisión del gobierno boliviano de nacionalizar las empresas de distribución que aplican tales tarifas? Nosotros creemos que sí. Evo Morales es un presidente democráticamente elegido, que debe defender los intereses de sus ciudadanos, de los de las zonas urbanas y de los de las zonas rurales. Especialmente en Bolivia el desarrollo de las zonas rurales debería ser una prioridad y el acceso a la electricidad a un precio razonable parece una condición indispensable para alcanzarlo. Si las empresas eléctricas de distribución no garantizan algo tan básico, creemos que el gobierno (¡es decir, los ciudadanos, en tanto que es democrático!) está legitimado para tomar el control de dichas empresas y aplicar las medidas políticas y fiscales adecuadas para homogeneizar las tarifas. De los propios políticos que han tomado esta decisión y del control democrático que los bolivianos ejerzan sobre ellos dependerá el éxito de la acción.

Por último, nos gustaría volver sobre algo que hemos mencionado al principio y que constituye un fenómeno repetido cada vez que se producen noticias acerca de nacionalizaciones: la inmediata defensa por parte del gobierno de España (no sugerimos que sea este un fenómeno exclusivamente español, ni mucho menos) de los intereses de las empresas transnacionales de titularidad española, en cualquier situación y bajo cualquier circunstancia. En primer lugar, nos parece cuestionable que nuestro gobierno invariablemente tenga que defender a estas empresas. ¿No debería depender su actitud protectora, al menos, del carácter legítimo o ilegítimo de la nacionalización? Hemos de ser conscientes de que cuando entra en conflicto el interés particular de una empresa (cuya actividad es esencial o estratégica para la sociedad; los casos más habituales, aunque no los únicos, se plantean con empresas del sector energético y del transporte) con el general de los ciudadanos, la nacionalización es la única herramienta de la que disponemos para evitar que el primero tenga total primacía. En segundo lugar, en la defensa de nuestros gobiernos y muchas veces en la forma en que los medios de comunicación la difunden, se espolea explícita o implícitamente a los ciudadanos españoles para que se sientan agredidos por la nacionalización (en otros países, claro está) de empresas de titularidad española. Como si una medida en contra de los intereses de las transnacionales nominalmente españolas fuese un ataque a los españoles. Pensamos que merece la pena resistir la tentación de ceder a las pasiones patrióticas y reflexionar un momento.

Por un lado, el gobierno boliviano ha nacionalizado unas empresas con el objetivo declarado de garantizar el suministro eléctrico a un precio justo. Por otro, los principales accionistas de Iberdrola, el anterior propietario de aquellas, son la constructora ACS, el Estado de Qatar, Kutxabank y el Banco Financiero y de Ahorros, cuya entidad financiera filial tiene por nombre Bankia. El lector español decidirá hasta qué punto se considera agraviado.

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