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El OCE en las jornadas “El reto del empleo en tiempos de crisis” del Círculo 3E

December 9th, 2014 | Posted by dcarralero in eventos

El pasado viernes 28 de Noviembre, nuestro compañero Daniel Carralero tomó parte, junto a Daniel Albarracín y Bibiana Medialdea, en las jornadas “El reto del empleo en tiempos de crisis”, organizadas en Madrid por el Círculo 3E (Economía, Ecología, Energía). Como miembro del OCE, centró su discurso en la idea de que un cambio de modelo productivo no solo es un imperativo ecológico, sino una de las mejores maneras a nuestro alcance de aumentar el empleo y crear riqueza -de la de verdad, no de la que crea la economía financiera- mientras reducimos nuestro consumo energético. Todas estas propuestas están detalladas en el informe “La Contribución Ecologista en la batalla por el sentido común“, que presentamos recientemente. Las jornadas completas están disponibles en el canal youtube del Círculo 3E

A continuación recogemos una transcripción de la intervención:

“Buenas tardes. Pues como ha adelantado Jose Manuel, yo voy a a hablar principalmente del cambio de modelo productivo. Os estoy hablando desde un ordenador porque me he tenido que ir a Alemania, así que creo que puedo deciros con conocimiento de causa que no me gusta mucho el  modelo actual. Después de la intervención de Daniel, me gustaría centrarme en la idea que ha presentado de que, para generar empleo, aparte de revertir los recortes, es necesario realizar políticas públicas de inversión para reactivar la economía, no de cualquier manera, sino dirigiéndola hacia aquellas actividades que encontramos socialmente útiles. En el grupo al que pertenezco –el OCE-, publicó y presentó al círculo 3E hace un par de meses una propuesta titulada “La contribución ecologista en la batalla por el sentido común (Nuevos argumentos para PODEMOS)”, en la que planteamos un ejemplo creo que paradigmático de cómo se puede hacer esto. La idea, que trataré de resumir en mi intervención, es que es posible hacer una política de inversión que sea al mismo tiempo expansiva en términos de empleo y bienestar social, y decrecentista en términos de consumo energético e impacto medioambiental. Y aquí he dicho algo problemático: buscar el equilibrio entre incremento en la actividad económica (es decir, en los puestos de trabajo) y decrecimiento en consumo es el gran problema teórico al que se enfrenta nuestro círculo. Por otra parte, si algo hemos aprendido en la corta historia de PODEMOS, y nos los recordaba Monedero ayer al abrir las jornadas, es que tenemos que ser capaces de plantear nuestras propuestas en términos que entren dentro de las preocupaciones de la gente común, no especialmente politizada. Abandonando ciertos símbolos y discursos que ya habían sido etiquetados de marginales o antisistema, PODEMOS ha logrado crear un nuevo sentido común, el de la mayoría social frente a la casta privilegiada, que ha roto las coordenadas del sistema político y se ha extendido por toda la sociedad. Nosotros planteamos la necesidad de hacer algo similar con el ecologismo: desgraciadamente, el ecologismo es visto por la mayoría como una cuestión de sensibilidad, totalmente opcional en estos tiempos, cuando no directamente como una frivolidad por aquellos que están sufriendo en sus carnes los peores efectos de la crisis. Para poder plantear a la ciudadanía y finalmente llevar a cabo políticas ecologistas, es necesario arrancarse estas etiquetas también, y establecer como un nuevo sentido común la idea de que una reforma ecologista estructural es no sólo es imprescindible para la recuperación de la economía, sino también para luchar contra la injusticia social y para recuperar nuestra soberanía frente a los poderes financieros internacionales.

Así pues, puesto que el empleo es –muy justificadamente- la principal preocupación de nuestros conciudadanos, podemos empezar por explicar cómo una política ambiental decidida puede servir para crear un gran número de puestos de trabajo de calidad. Eso requerirá, como decía Daniel antes, fuertes estímulos anticíclicos por parte del Estado que traigan ese “cambio de modelo productivo” que nos lleve de vuelta a una economía real. Eso sí, cuando hablamos de medidas anticíclicas hay que tener en cuenta dos cosas: por un lado, para que la inversión pública no sea pan para hoy y hambre para mañana (como fue el plan E), debe servir para introducir mejoras estructurales en el sistema económico. Por otro, tampoco queremos una vuelta al industrialismo desarrollista sin más de principios del siglo XX: las propuestas que hagamos tienen contemplar las limitaciones del mundo en que habitamos (tanto en términos de consumo de recursos como de emisión de residuos), y no basarse en la noción de que sólo el crecimiento perpetuo trae la prosperidad.

Teniendo ambos criterios en mente, podemos empezar por algo claramente inaplazable: solucionar el inmenso desastre causado en los últimos años por el ladrillo. Hoy, tras la crisis financiera, al menos la mitad de los puestos de trabajo asociados a la burbuja han desaparecido, dejándonos millón y medio de parados –en muchos casos, de baja cualificación-, más de tres millones de viviendas vacías, y una destrucción medioambiental –especialmente en la costa- difícil de calcular, y eso por no entrar en el drama de los deshaucios. Por otra parte, aunque se creó un nuevo código técnico de edificación en 2006, la mayor parte de lo construido se llevó a cabo antes de que entrara en vigor, y así la inmensa mayoría de los edificios españoles de uso residencial tienen una nula eficiencia energética: la media nacional de consumo energético por metro cuadrado está casi diez veces por encima de la calificación A (60 kg CO2/m2 frente a 6.7). Esto es mucha energía –casi toda procedente de combustibles fósiles- que estamos tirando directamente a la basura (el consumo energético doméstico supone aproximadamente 20% del total nacional).

Esta situación, que es francamente desastrosa, sin embargo nos ofrece una excelente oportunidad: la rehabilitación energética de viviendas. Esta actividad supone un 62% del total en la construcción en Alemania, mientras que en España apenas llega a un 19%. Puesto que afortunadamente la burbuja va a tardar en volver –aunque a algunos intenten lo contrario– una forma razonable de emplear a toda esa fuerza laboral con experiencia en la construcción es dar la vuelta a esa situación, y convertir la eficiencia energética en la principal actividad del sector. Lo bueno de que nuestras casas sean tan malas energéticamente hablando es que el margen de mejora es enorme: en una casa sin medidas de eficiencia (la inmensa mayoría en España, como decía antes), se puede reducir el consumo entre un 60 y 85%. Con una reducción así el tiempo de retorno de la inversión en eficiencia está en torno a los diez años, momento a partir del cual el ahorro obtenido se convierte en un ingreso que puede durar varias décadas más. Es fácil entender que esto resulta bastante rentable. Por eso, es fácil estimular esta actividad con un impulso público bastante moderado. En concreto, experiencias que ya apuntan en esta dirección en UK y Alemania nos indican que cada euro público invertido en esto puede mover entre 4 y 9 euros de inversión privada.

Yendo a lo concreto, en el OCE hemos calculado, tomando como referencia un informe sobre España realizado para WWF por la consultora ClimateStrategy, que con una inversión pública anual de entre 2.000 y 3.500 M€ (dependiendo del precio de los combustibles fósiles) se podrían rehabilitar 930.000 viviendas al año (el 3,6% del parque residencial), creando unos 300.000 puestos de trabajo en el sector.  Estas reformas producirían un ahorro de unos 700 €/año para una vivienda media y movilizarían una inversión privada de unos 12.000 M€ anuales. Durante los primeros 10 años, el 65% de la inversión serían subsidios directos, y el resto préstamos de bajo interés (que serían recuperados después).  Al cabo de este periodo, se ahorraría una media de 1.700 M€ al año en consumo de gas y gasóleo y se habría rehabilitado más de la tercera parte del parque. Esto supondría una reducción de consumo de energía primaria total y emisiones de CO2 del 5%. A partir de ese momento, este sector alcanzaría suficiente autonomía como para que los subsidios directos ya no fueran necesarios, y el ritmo de rehabilitación podría sostenerse al menos durante otras dos décadas sólo con una política de préstamos de bajo interés (por lo que no sólo se recuperaría cualquier inversión posterior, sino que se terminaría generando dinero).

Otro de los problemas estructurales de la economía de nuestro país, es la dependencia energética exterior. España importa el 80% de su energía (principalmente en forma de petróleo y gas natural), lo que es una de las peores cifras de la UE. Esto, por sí sólo supone el principal monto de las importaciones nacionales, un 25%.  Creo que la gravedad de este dato –que por cierto no aparece muy a menudo en el discurso de los grandes partidos, o de los informes económicos de la patronal- es evidente más allá del gasto de dinero que implica: la vulnerabilidad de nuestro país frente a la especulación con las materias primas, a conflictos geopolíticos sobre los que no tenemos ninguna influencia, o frente a crisis de recursos que van a llegar antes o después, pero seguramente no tardando mucho, es extrema.

Y aquí entra otra de las grandes oportunidades para nuestro país: las energías renovables. En contra de lo que dice la propaganda pagada por las eléctricas, las renovables (la eólica por supuesto, pero también la fotovoltaica) son ya una alternativa viable técnicamente (recordemos simplemente que en 2014 las renovables produjeron el 42% de la electricidad consumida) pero también económicamente: en todo el mundo –menos aquí- la inversión privada y pública en EERR, y en consecuencia, la potencia instalada, están creciendo exponencialmente. Sin ir más lejos, el BOE reconocía en agosto de este año que la forma de generación más barata en Baleares era la FV. Convertir el desarrollo de estas tecnologías en uno de los ejes de nuestra economía, nos permitiría reindustrializar el país, centrar nuestro modelo productivo en productos de alto valor añadido e I+D, y crear en el proceso una gran cantidad de puestos de trabajo, muchos de ellos en este caso de media y alta cualificación. Además, podríamos reducir sustancialmente nuestro consumo de combustibles fósiles, y, lo que no es menos importante, distribuir entre la población los beneficios de esta inversión –que no quedaría concentrada, como hasta ahora, en las manos del oligopolio.

Las renovables son ya, a día de hoy, rentables, y si no existiera una prohibición de facto (la causada por la amenaza del peaje de autoconsumo), muchos comercios y consumidores privados estarían ya instalando paneles FV en sus tejados. De nuevo, limitándonos a no obstaculizar legislativamente su desarrollo, y con una política de incentivos moderada, se puede lograr el desarrollo masivo de este tipo de energías. Por ejemplo, según estimaciones de varias asociaciones ecologistas europeas (WWF, amigos de la tierra, Bankwatch network, etc), por cada 1.000 M€ invertidos en energías renovables se crearían 52.700 empleos (casi cuatro veces más de lo que crean las Políticas de Cohesión de la Unión Europea con la misma inversión). Un informe reciente de CCOO (“El autoconsumo y la generación distribuida renovable como yacimiento de empleo”) da cifras más modestas aunque todavía interesantes, del orden de 30.000 empleos por millardo. Nosotros proponemos el objetivo de reunir una inversión equivalente al 1% del PIB (Alemania gasta la mitad sólo en primas a las renovables) para el desarrollo e implantación de estas tecnologías, garantizando que España mantenga una posición competitiva en todo el ciclo del producto, desde el I+D –con un plan estratégico nacional debidamente dotado presupuestariamente-, hasta una política industrial que cubra la fabricación e instalación de los distintos componentes. Para dar una idea de que las cifras tienen sentido, podemos asignar un 25% de ese presupuesto (es decir, 2.500 M€) a un plan insignia de fomento de la energía fotovoltaica. Tomando un multiplicador (bastante conservador)  de 2€ de inversión privada por cada € público estaríamos hablando de 7.500 M€ en total. Priorizando la instalación de tejado sobre la de suelo, se podrían instalar unos 4.3 GWp de paneles solares al año (equivalentes a más de cuatro centrales nucleares). Esto no es ningún disparate: en 2012 Alemania instaló 7.6, e Italia 3.3. (Alemania tiene 36 GW instalados ya). Asumiendo cifras razonables para el precio de la instalación y las horas equivalentes, esto supone cerca del 4% de la energía eléctrica generada en 2013 en España, con un tiempo de retorno en la inversión de unos diez años. A ese ritmo de instalación, se ahorrarían alrededor de 140 M€ al año (acumulables) sólo en importaciones de gas natural y al cabo de 10 años la solar generaría tanto como el carbón, el ciclo combinado y la nuclear juntas. Planes similares podrían conseguir desarrollos equivalentes en otras renovables  tales como termoeléctrica solar, eólica offshore, biomasa/digestores, etc, que además podrían contribuir a facilitar la integración en red de la eólica y la fotovoltaica. El ahorro total anual en importaciones de gas natural –acumulable al ya obtenido por la eficiencia- se situaría fácilmente por encima de los 500 M€. Por último, siendo conservadores, podríamos esperar que este plan generara un total de unos 300000 puestos de trabajo.

Y esto nos lleva a lo siguiente, que es plantear la cuestión de cómo vamos a pagar todo esto que proponemos. Habrá quien dirá que esta inversión puede ser interesante, pero que no tenemos dinero para pagarla. La respuesta es que buena parte de ese dinero está ahí, ya que el mercado eléctrico genera unos beneficios estratosféricos para el puñado de empresas que lo controlan en régimen de oligopolio: los españoles pagamos una delas electricidades más caras de Europa mientras que durante toda la crisis las eléctricas españolas han obtenido el doble de beneficios que sus homólogas europeas. Y sin embargo, parece que les hemos pagado tan poco que aún les debemos más de 30.000 M€, unos 600 € por ciudadano. ¿Es que producir electricidad cuesta más en España que en Italia o en Alemania? No. Lo que pasa es que tras la privatización del sector en el 97, el precio de la electricidad ya no está relacionado con el coste real de producirla –más unos beneficios empresariales razonables- sino que ha sido totalmente liberado a la especulación. Así, las grandes eléctricas llevan más de una década imponiéndonos una serie de sobrecostes que no corresponden a ningún factor económico real y que pueden ser eliminados reestructurando el funcionamiento del mercado, permitiendo así dirigir los recursos resultantes al plan de inversiones propuesto.

El sobrecoste más escandaloso es el conocido como “windfallprofits”, que permite a las eléctricas vender la electricidad generada en centrales nucleares e hidroeléctricas, que es muy barata ya que la inversión para construir estas centrales ya ha sido recuperada (por cierto, en parte gracias al rescate público del parque nuclear que se llevó a cabo en los ochenta) a precio de central de gas. Sólo en este concepto, estamos pagando más de 3.000 millones de euros al año de más. Otro ejemplo de esto es el servicio de interrumpibilidad, un regalo a las grandes empresas industriales del país, que aumenta sistemáticamente cada año (a pesar de que no se utiliza desde 2008), y que en 2013 rondó los 750 millones. Otros conceptos como los pagos por capacidad (subvenciones encubiertas a las centrales de gas), el mercado de ajustes, las actividades de transporte y distribución, los costes extrapeninsulares y un largo etc. se determinan de forma opaca y deberían ser revisados con mucho cuidado. A esto hay que sumar la cuestión de los CTCs, que habrían supuesto un regalo de dinero público de 3400 M€ al menos, pero que podría llegar a ser mucho más (pero esto no lo sabemos, porque se negociaron en secreto).  En el OCE hemos estimado que estaríamos hablando de un sobrecoste –trasladado directamente a los hombros de los pequeños consumidores- de no menos de 6.000 M€, lo que sólo puede explicarse por la connivencia entre la clase política y las élites económicas que controlan este mercado, y que es bien conocida. Queda claro, por lo tanto, que hay que recuperar el control del mercado eléctrico y acabar inmediatamente con esta estafa masiva: por un lado, deben terminar inmediatamente las puertas giratorias y la deuda eléctrica debe ser auditada, como el resto de nuestra deuda soberana. Por otro lado, debemos recuperar la noción de Política Energética, la idea de que el sistema eléctrico no puede regirse sólo por criterios económicos (que además hasta ahora han sido sólo los de maximizar los beneficios del oligopolio), sino que debe perseguir objetivos sociales y medioambientales. Así, todas estas sobre-remuneraciones pueden utilizarse para garantizar el acceso universal a la energía –acabando con esa vergüenza nacional que es la pobreza energética- y para financiar una política de inversiones medioambientales como la que estaba describiendo antes.

Esta propuesta tiene una gran ventaja estratégica para PODEMOS: en gran parte se sostiene económicamente por sí sola (no tenemos que recurrir al comodín de la reforma fiscal y la lucha contra el fraude). Y es que aquí no estamos proponiendo cambiar los adoquines de las aceras, sino hacer una inversión que será recuperada en unos años por el Estado y que a partir de ese momento supondrá una mejora general de la situación de nuestra economía tanto en clave interna como en el mercado internacional. La mayor parte de la inversión es en forma de préstamos –que se recuperarán, a veces con beneficios-, y además una parte muy importante de los recursos saldrán de los beneficios que las eléctricas están recibiendo indebidamente. Por supuesto, esto es sólo una primera aproximación que debe ser detallada, pero estamos bastante seguros de que las grandes cifras tienen sentido: con una inversión de unos 12.000 M€ al año, en unos diez años podríamos crear  unos 600.000 puestos de trabajo, reducir un 15% el consumo de energía primaria –en su parte no renovable- y ahorrar en importaciones de hidrocarburos unos 8.000 millones al año.

Acabando ya, más allá de las propuestas concretas –que entendemos que son valiosas- nos gustaría plantear este programa como un nuevo paradigma de postura frente a la crisis. Nosotros no vamos a esperar, como hace Rajoy, o como hizo Zapatero, a que pase la crisis. Porque hay mucha gente que no puede permitirse esperar, y además porque no  va a pasar sola. Nosotros decimos que la crisis no es un fenómeno meteorológico: en la crisis nos metieron unos señores para beneficiar a una minoría, y ahora nosotros vamos a encontrar políticas para sacar al país de la crisis, beneficiando a la mayoría de la sociedad. Esa es la batalla por el sentido común que creemos que se puede ganar con estas propuestas: de la crisis no se sale. De la crisis –tanto económica como ambiental- nos sacamos nosotros mismos. Y es que en el fondo, todo el mundo sabe que algo va muy mal en este planeta. Y que si no cambian mucho las cosas, se todo puede empeorar todavía bastante. Sin embargo, los problemas a los que nos enfretamos –no digamos ya sus soluciones- son muy complejos y sus detalles se le escapan a la mayoría de la gente. Esto se traduce en ese clima de pesimismo tácito que impregna toda nuestra cultura popular, en el sentimiento de impotencia ante el desastre que termina abrumando a mucha gente, y lleva a mucha más a negar directamente el problema. Por eso, como decía antes de ayer Monedero, no se puede utilizar la crisis medioambiental como reclamo electoral, porque no es posible ofrecer soluciones suficientemente satisfactorias para que la gente abandone el miedo o la negación, para que abandone la idea de que el relato capitalista es el único posible. Pero podemos hacerlo al revés: podemos hacer comprender a la gente que el camino para salvar nuestro ecosistema pasa necesariamente, al menos al principio, por los mismos pasos que acabar con las injusticias económicas y sociales, con el paro, con la pobreza, es decir, que eso también se consigue teniendo un Gobierno que gobierne para todos y sea capaz de imponerse a la codicia de los poderes económicos, unas leyes justas que defiendan el interés común por encima del enriquecimiento de una casta extractiva, un estado que no sólo garantice nuestros derechos básicos, sino que se comprometa activamente a fomentar la actividad económica y a crear riqueza, pero no la riqueza especulativa, financiera, ficticia que crean las fuerzas desatadas del mercado ultraliberal, sino una riqueza real, repartida, sostenible tanto económica como ambientalmente. Podemos crear nuevo sentido común, el de que la economía necesita estímulos para reactivarse, el de que el ahorro energético crea puestos de trabajo y nos da soberanía, el de que la industrialización puede venir de la mano del I+D y las energías renovables, el de que España no está condenada a la playa, la sangría y el ladrillo, sino que ya ha demostrado ser capaz de convertirse en uno de los países a la cabeza de la Tercera Revolución Industrial. Ahí es donde debemos dar la batalla por el relato. Si somos capaces de transmitir esto, habremos ganado la batalla por el imaginario colectivo, por el relato que define lo posible y lo imposible, por lo que Gramsci llamaba el Sentido Común. Porque habremos conseguido que la gente comprenda que el control privado de la economía y la austeridad conducen además al desastre ecológico, y que la única forma de evitarlo es acabar con el poder de las corporaciones y recuperar el control social de la economía, habremos convertido el miedo de hoy en esperanza, y con esa esperanza no sólo conseguiremos que muchos se atrevan por fin a enfrentarse con el problema ambiental, sino que habremos reforzado nuestros objetivos económicos y políticos, y sobre todo, habremos trasladado el debate a un terreno en el que, al contrario de lo que sucede hoy, nosotros tenemos respuestas que ofrecer, y la casta no.”

 

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