La fotovoltaica (FV) da mucho miedo a las grandes empresas eléctricas españolas. Afirmo que les da miedo porque contra ella se han desarrollado algunas de las campañas de desprestigio más elaboradas y persistentes que se recuerdan: ¿quién no ha oído que es una fuente de generación muy cara? ¿Quién no ha escuchado alguna vez que se necesita más energía para fabricar un panel fotovoltaico que la que luego es capaz de generar ese panel a lo largo de su vida útil? ¿O que las centrales fotovoltaicas en España se enriquecieron generando fraudulentamente durante la noche? Por cierto, las tres afirmaciones previas son rotundamente falsas, la demostración de la primera se encuentra unos párrafos más abajo, la segunda y la tercera quedan rebatidas aquí y aquí.

También es una prueba del miedo que produce la fotovoltaica la reciente legislación de autoconsumo, o, mejor dicho, de no-autoconsumo, legislación en la que la influencia de Unesa a la hora de fijar la política energética ha sido más que evidente. La normativa vigente impone el pago de unos peajes excesivos a todo aquel que quiera conectar su sistema fotovoltaico doméstico a la red. Excesivos, porque no gravan solo la energía intercambiada con la red, que funciona a modo de batería, sino que además gravan aquella energía que el sistema instalado produzca y el usuario consuma en ese mismo instante, sin pasar por la red eléctrica. El Ejecutivo impone además medidas retroactivas, como la obligatoriedad de hacerse visible para Red Eléctrica de España, teniendo que instalar para ello un contador con telemedida, y establece multas de hasta varios millones de euros para aquellos que infrinjan la norma. En definitiva, al contrario de lo que está sucediendo en la mayoría de países tanto en Europa como en el resto del mundo, en España se ha publicado una legislación que va, literalmente, a impedir el desarrollo de las instalaciones fotovoltaicas domésticas.

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