Por Marta Victoria y Cristóbal J. Gallego. Observatorio Crítico de la Energía

Que la historia se repita, variando apenas en pequeños matices, no la hace menos dramática. Día tras día presenciamos cómo los poderes políticos se muestran más interesados en garantizar el beneficio privado que el bienestar social. En este país sabemos de esto. Durante los últimos años hemos presenciado la construcción de infinidad de mega-infraestructuras que han resultado ser totalmente inútiles. Ahora somos conscientes de que, en la práctica, sólo han supuesto la transferencia de dinero público a empresas privadas que, con esta inyección de capital, se han musculado hasta convertirse en multinacionales capaces de competir en el mercado mundial (1).

En los ámbitos sanitario y educativo, las instituciones públicas han sufrido un intento de desprestigio continuado tanto mediante la mala publicidad que se hacía de ellas, como mediante la asfixia presupuestaria, cuyo único objetivo era allanar el terreno para su privatización. En el sector inmobiliario el rescate bancario ocurrido simultáneamente al desahucio de miles de familias evidencia sin dejar lugar a dudas cuál es el objetivo principal a salvaguardar por nuestros dirigentes. Y la situación del sector eléctrico en España no se diferencia en absoluto de lo anterior. Si acaso, su peculiaridad reside en que la particular complejidad técnica de este sector ha facilitado la desinformación y el oscurantismo con los que el proceso de privatización se ha llevado a cabo.

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